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Nuevo reglamento de sucesiones de la Unión Europea

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  1. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
  2. Una de las consecuencias de la creciente movilidad de personas dentro de la Unión Europea es el incremento de sucesiones mortis causas con un componente internacional. En muchos casos, dichas sucesiones presentan dificultades y complejidades debido a la manera tan dispar en que se regula la sucesión en las legislaciones de los diferentes estados miembros.

    El Reglamento aprobado por la Unión Europea tiene como objetivo unificar la legislación europea de sucesiones en cuanto a competencia, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones sucesorias en el ámbito de la Unión Europea.

  3. ENTRADA EN VIGOR Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
  4. El Reglamento de sucesiones entró en vigor el 16 de agosto de 2012, veinte días después de su publicación en el DOUE, tal y como ordena su art. 84. No obstante, no empezará a aplicarse hasta el 17 de agosto de 2015. En concreto, con carácter general, las disposiciones del Reglamento se aplicarán a las sucesiones de las personas que fallezcan el día 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha (art. 83).

      Ámbito de aplicación territorial

    El Reglamento se aplicará a todas las sucesiones que tengan carácter internacional, con independencia de que el causante sea nacional o no de un estado miembro, siempre que se produzcan dentro del territorio de la Unión Europea. El Reglamento no es de Aplicación en Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, aunque sí afecta a nacionales de estos estados que residan de forma habitual en otros estados miembros de la UE.

      Ámbito de aplicación material

    El Reglamento se aplica a todo lo relacionado con las sucesiones mortis causa, excluyéndose de forma expresa las cuestiones fiscales y administrativas, así como las civiles relativas al estado civil, la capacidad jurídica, los regímenes económicos de los matrimonios, las donaciones, el derecho de sociedades,  los derechos reales y la inscripción registral de los derechos sobre bienes muebles o inmuebles.

  5. COMPETENCIA JURISDICCIONAL
  6. De forma general, son competentes para conocer las cuestiones sobre la sucesión de una persona los Tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.Sin embargo, pueden ser competentes los Tribunales del Estado de nacionalidad del causante en determinadas circunstancias, cuando su ley haya sido designada como aplicable por el causante de forma expresa; también, de forma subsidiaria, podrán ser competentes los Tribunales del estado miembro en que se encuentren los bienes de la herencia, en los supuestos que establece el artículo 10 del Reglamento.

  7. LEY APLICABLE
  8. Como regla general, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.Este principio supone un cambio radical con la actual legislación española que establece – en el art 9.8 del Código Civil –  como ley aplicable la de la nacionalidad del causante.

    Es importante resaltar que la ley aplicable según el Reglamento Europeo, se aplicará aun cuando no sea la de un Estado miembro.  Así, si un español fallece teniendo su residencia habitual en Brasil, la ley aplicable a su sucesión será la brasileña.

    Aunque el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca están excluidos de la aplicación del Reglamento europeo, si un nacional de dicho país fallece siendo residente habitual en España, de acuerdo a la legislación española en vigor a partir de agosto de 2.015, la Ley aplicable a la herencia será la española, y los tribunales competentes, los españoles.

    Solo no será aplicable el Reglamento en caso de que sea contrario a un tratado internacional vigente entre un estado miembro y un estado no miembro.

    Ahora bien, el Reglamento permite que cualquier persona pueda determinar que la ley aplicable a su sucesión sea la de su nacionalidad en el momento de la elección o en el momento del fallecimiento. Dicha designación la deberá hacer de forma expresa en un testamento.

    Por lo tanto, es importante que cuando un extranjero pase a residir de forma permanente en España, que considere si quiere que su sucesión se rija por el derecho español, en cuyo caso deberán cumplirse todas las normas de sucesiones del derecho civil español,  incluyendo las legítimas a favor de los hijos, o si prefiere que se rija por la ley de su nacionalidad. En este segundo caso, deberá otorgar testamento y manifestar de forma expresa que designa la ley de su nacionalidad como la ley aplicable a su sucesión.  Se aconseja que cualquier extranjero que otorgue testamento en España considere de forma detenida esta cuestión y en su testamento manifieste si quiere que la Ley aplicable a su sucesión sea la de su nacionalidad o la de su residencia habitual.

    El Reglamento, tras designar en el apartado primero del art. 21 la aplicación de la ley de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, establece en el segundo apartado una excepción a esa regla general:  Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado.  En nuestra opinión, la  aplicación de esta opción se debe realizar de forma excepcional y únicamente en aquellos casos en los que la existencia de una ley más estrechamente vinculada al causante que la de su última residencia habitual sea algo indubitado dadas las circunstancias del caso.

  9. RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE RESOLUCIONES DE UN ESTADO MIEMBRO
  10. El Reglamento establece como norma general que todas las resoluciones dictadas por un estado miembro serán reconocidas en otro estado miembro, y tendrán la misma fuerza ejecutiva que la que tengan en el estado miembro en el que se dictó la resolución.  Las excepciones se establecen para los supuestos en que las resoluciones vayan manifiestamente contra el orden público del estado requerido, cuando se hubieran dictado en rebeldía del demandado, cuando sean inconciliables a una resolución dictada en el Estado miembro requerido o a una resolución dictada en cualquier otro Estado miembro con las mismas partes, objeto y causa.El reglamento también establece que los documentos públicos expedidos en un estado miembro tendrán el mismo valor probatorio que en el estado de origen, así como la misma fuerza ejecutiva.  El mismo principio de reconocimiento y fuerza ejecutiva, se establece en relación con las transacciones judiciales.

  11. EL CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO
  12. El Reglamento crea el Certificado sucesorio europeo que se expedirá por un Estado miembro para que surta efecto en otro estado miembro.Su finalidad es certificar la cualidad y los derechos de los herederos y legatarios, la adjudicación de bienes de la herencia y las facultades de los ejecutores, albaceas y administradores de la herencia.

    El certificado sucesorio europeo se expedirá por el Tribunal o la autoridad competente en virtud del derecho nacional del estado miembro cuyos tribunales sean competentes en virtud de lo establecido en el Reglamento (punto 3 del presente artículo).

    El certificado surtirá efecto en cualquier Estado miembro de forma automática, sin necesidad de ningún procedimiento especial.